Jefferson, en sus luminosas reflexiones sobre la institucionalidad democrática, sostuvo siempre que todas las libertades dependían fundamentalmente de una, sin la cual todas las otras se hacían ilusorias. Se trataba de la prensa, a la que antes de ser presidente veía como intangible y luego de ejercer el poder como un mal imprescindible.
La experiencia del inevitable castigo que el gobernante sufre diariamente por el escrutinio periodístico, le había amenguado el ánimo pero no debilitado el concepto. Fue cuando dijo: “Se trata de un mal para el que no hay remedio. Nuestra libertad depende de la libertad de prensa, la cual no puede ser limitada, pues se perdería”.
Estas reflexiones están, desde entonces, en el corazón mismo del sistema democrático. Y si algo hubiera faltado para hacerlo indeleble está la dramática historia del siglo XX para demostrarlo: todos los regímenes que pretendieron sustituir la democracia, el fascismo italiano, el falangismo español, el nazismo alemán y ni hablemos del comunismo ruso, comenzaron su carrera hacia el totalitarismo denostando a la prensa, descalificando a sus propietarios, difamando a sus periodistas y, por supuesto, procurando impedir su circulación.
Nacieron así las mil y una maniobras de restringir el acceso al papel, limitar la publicidad oficial, emplear la inspección impositiva o aduanera como herramientas de intimidación o bien dificultar la circulación de los periódicos por medios materiales.
La presencia de piquetes políticos o sindicales con esa consigna liberticida tiene larga historia. La Italia de Mussolini es la que más ejemplos de ello dio y por esa razón, cuando vemos que un diario de la popularidad de Clarín no puede circular porque una patota lo impide, no podemos dejar de evocar al fascismo.
Por cierto, mucha gente no quiere a Clarín, como mucha otra no quiere al Gobierno. Y no por ello cabe usar la violencia para impedir que el primero cumpla su rol o que el Gobierno gobierne dentro de la Constitución y la ley. En el caso, además, no se puede ignorar lo que significa ese diario, que fue pionero de modernidad cuando apareció, atravesó todas las peripecias de la azarosa vida argentina desde 1945 hasta y hoy y permanece como el diario de mayor circulación en el país.
Por cierto, LA NACION ha estado cerca de caer en la misma noche negra, y de milagro la patota abrió su mano. Pero la amenaza allí quedó, latente en el horizonte.
El tema no es un mero conflicto entre un grupo sindical y la prensa. En el medio está el Estado, no ya el gobierno del turno. El Estado como entidad jurídica, que si es democrático ha de usar, en la preservación de los derechos, todos los medios de su fuerza (para eso posee, como explicó Weber, su monopolio).
Lo de ayer, no puede repetirse. Y el gobierno, como administrador del Estado, debe ofrecerle al país esa seguridad. Insistimos, es al país, no a Clarín o a LA NACION, o a sus editores. Al país, porque es la libertad de los ciudadanos la que ha sido cercenada. Y quienes vivimos del otro lado del Río de la Plata, nutriéndonos diariamente con los dos grandes diarios argentinos, ubicados ambos, sin duda, entre los cuatro o cinco mejores de habla hispánica, reclamamos también el mismo derecho. El de saber qué opina Eduardo Van der Kooy o Ricardo Kirschbaum, o de cómo ha dibujado la realidad ese talento de Menchi Sábat, amigo de siempre y compañero de redacción en el viejo diario Acción de Montevideo, hace algo así como cincuenta años. La esencia de la cuestión es ésa: el derecho de los ciudadanos a leer en libertad a quienes desea leer. No a quien un sindicato, un gobierno o quien sea, le impongan leer.
Volvamos a Jefferson. Con la libertad de prensa amenazada, lo están todas las libertades, ese “precioso don que a los hombres dieron los cielos”, como dijera el Quijote.
El autor es ex presidente de Uruguay.
